«Comunicado ante el pedido de procesamiento de militantes sociales»

El Servicio Paz y Justicia de Uruguay manifiesta su profunda preocupación y absoluto rechazo ante el pedido de procesamiento con prisión de siete militantes sociales por parte de un fiscal.

Los acusados expresaron su disconformidad por el desplazamiento de la jueza Mariana Mota de las causas de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el pasado reciente, destinándola a la órbita civil. Esta medida fue considerada discriminatoria y sancionatoria por más de un centenar de ciudadanos y ciudadanas, quienes expresaron su respaldo a la magistrada.

Las posteriores sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que en la práctica buscan consagrar la impunidad, fueron condenadas por muchos organismos internacionales. Esto muestra el grave deterioro que en materia de respeto y defensa de los derechos humanos sufre hoy nuestro país ante la pasividad del sistema político.

La desproporción de la acusación fiscal frente a la protesta, conforma un elemento más que refuerza la escalada de violencia institucional en la que vienen incurriendo determinados actores estatales en perjuicio de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil y condenando y estigmatizando a ciertos grupos sociales (como son los pobres y los jóvenes).

La criminalización de la protesta social forma parte de los métodos más totalitarios y represivos a los que apelan los Estados para negar la justicia a quienes la reclaman.

Una Justicia verdaderamente independiente y garantista de los derechos de la ciudadanía, debería condenar esas prácticas en vez de avalarlas.

Original en: http://www.serpaj.org.uy


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